La compañía Meta Platforms comparecerá ante un tribunal en el estado de Nuevo México la próxima semana, enfrentando acusaciones graves relacionadas con la explotación sexual de niños y adolescentes a través de Facebook, Instagram y WhatsApp. El fiscal general, Raúl Torres, presentó la demanda alegando que la empresa se benefició económicamente al permitir estas actividades en sus servicios.
Este caso representa la primera vez que una demanda de esta naturaleza contra el gigante tecnológico será vista por un jurado, elevando el perfil regulatorio y reputacional del litigio. Según los documentos judiciales, el estado sostiene que Meta proporcionó acceso sin restricciones a usuarios delincuentes para contactar a menores, lo que frecuentemente resultó en violencia real y tráfico de personas.
El estado acusa a Meta de diseñar intencionalmente sus plataformas, utilizando funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos, para maximizar el tiempo de permanencia de los niños. Esta metodología, según la acusación, fomenta comportamientos adictivos y causa daños a la salud mental de los usuarios jóvenes.
La acción legal se originó tras la "Operación MetaFil" realizada en 2023, donde investigadores se hicieron pasar por menores de 14 años para documentar el contacto de adultos con material sexualizado. Dicha operación culminó en casos penales contra tres individuos involucrados en la explotación.
Documentos internos de Meta han reconocido previamente los problemas de seguridad y el impacto negativo en la salud mental infantil. No obstante, la oficina del fiscal Torres indica que la compañía no implementó salvaguardas básicas, como la verificación de edad, y engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus productos.
El fiscal Torres declaró que este juicio debe establecer un precedente, afirmando que las corporaciones no deben lucrar a expensas de la seguridad de los niños. El estado no solo exige una compensación monetaria significativa, sino también una orden judicial que obligue a Meta a implementar mecanismos de protección más robustos para los menores.
Las implicaciones de este juicio se extienden más allá de Nuevo México, ya que podría influir en la postura regulatoria de otros estados y jurisdicciones internacionales respecto a la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en la moderación de contenido dañino.
