Miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. finalmente lograron interrogar al Secretario de Estado sobre la reciente intervención en Venezuela, culminada con la destitución de Nicolás Maduro el 3 de enero. El Secretario Rubio insistió en que la acción militar no constituyó una ocupación ni una declaración de guerra, sino una "operación de aplicación de la ley" centrada en desmantelar redes de narcotráfico.
Rubio defendió enérgicamente la legalidad de la operación ante las críticas, particularmente las del senador Rand Paul, quien cuestionó las justificaciones y la base legal de la incursión de las fuerzas especiales. El Secretario argumentó que Maduro era un "criminal de narcotráfico indiciado" y que su remoción era necesaria dado que era imposible negociar con un líder carente de confianza, cuya administración se sostenía sobre la corrupción.
Un punto central de la comparecencia fue el control estadounidense sobre la industria petrolera venezolana. Rubio especificó que los fondos derivados de la venta de crudo se mantienen inicialmente en una cuenta extraterritorial en Qatar, pero serán transferidos a una cuenta bloqueada del Tesoro de EE. UU. El gobierno venezolano, ahora bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, deberá solicitar formalmente el uso de estos recursos para gastos definidos, con la aprobación final de Washington.
Esta política energética tiene implicaciones significativas para la reconfiguración de las alianzas económicas de Caracas. El objetivo declarado es asegurar que las ganancias petroleras se utilicen para adquirir bienes estadounidenses —desde alimentos hasta productos químicos para refinerías— en lugar de servir para pagar deuda a China o fortalecer lazos con Rusia. Analistas observan con cautela cómo el aparato político venezolano, históricamente antiestadounidense, recibirá esta intervención en su principal fuente de riqueza.
Además, Rubio destacó el impacto regional inmediato, señalando que Rodríguez se ha comprometido a cortar el suministro de petróleo al régimen cubano, un aliado clave de Maduro. El Secretario sugirió que el interés propio de Rodríguez la alinea con los objetivos estadounidenses, dada la suerte que corrió su predecesor. Este movimiento busca debilitar la influencia de La Habana en el continente.
Aunque Rubio se mostró optimista sobre el avance hacia una transición democrática, reconoció que la situación actual —con una ley de hidrocarburos reescrita para favorecer la inversión privada estadounidense y una administración provisional alineada con Washington— es solo el inicio. El objetivo final es devolver el control de los recursos naturales a un gobierno democrático estable en Venezuela.
El Secretario no descartó el uso futuro de fuerza militar, aunque expresó su esperanza de evitarlo, enviando una clara advertencia a otros miembros del antiguo régimen y las fuerzas armadas venezolanas sobre las consecuencias de oponerse a la nueva dirección impuesta. (Fuente: Adaptado de reportes legislativos y cobertura mediática)