El secretario de Estado, Marco Rubio, compareció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. para defender la controvertida operación que resultó en la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York bajo cargos de narcotráfico y conspiración terrorista. Rubio enmarcó la acción, ocurrida a mediados de enero, como una “necesidad estratégica” imperativa para la administración Trump, minimizando las objeciones de expertos de Naciones Unidas que la tildan de flagrante violación del derecho internacional.
Rubio argumentó que Venezuela bajo Maduro se había convertido en una “base de operaciones para prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo”, citando presuntos vínculos con Irán, Rusia y Cuba. “Era un riesgo estratégico enorme para Estados Unidos, no a medio mundo de distancia, sino en el hemisferio en el que todos vivimos”, declaró ante los legisladores, enfatizando el impacto desestabilizador en Colombia y la cuenca del Caribe.
El objetivo final de la intervención, según el Secretario, es una transición hacia una Venezuela “amigable, estable, próspera y democrática”. Rubio defendió la estrategia inicial de dialogar con figuras clave del gobierno actual, incluyendo a la presidenta interina Delcy Rodríguez, en lugar de apoyar inmediatamente una toma de poder por parte de la oposición. El primer objetivo declarado fue evitar una guerra civil, buscando conversaciones directas con quienes controlan los elementos del Estado.
El enfoque económico también fue central. Rubio mencionó una segunda fase centrada en la “recuperación” y la “normalización de la industria petrolera”. Reveló un acuerdo provisional donde el petróleo sancionado y en cuarentena podrá moverse al mercado, pero los fondos serán depositados en una cuenta supervisada por EE. UU. para el beneficio del pueblo venezolano, un mecanismo que se espera transicionar hacia operaciones normales y sin corrupción.
La comparecencia no estuvo exenta de críticas internas. La senadora Jeanne Shaheen (demócrata) se centró en los costos estimados de la operación y el bloqueo naval, que analistas externos sitúan en mil millones de dólares, cuestionando la prioridad de Venezuela frente a las preocupaciones económicas domésticas de los constituyentes. Por otro lado, el senador Rand Paul (republicano) preguntó directamente si la operación constituía un acto de guerra, a lo que Rubio respondió negativamente, basándose en la impugnación de las elecciones de Maduro en 2024 y los cargos federales existentes.
Aunque Rubio pareció desestimar la probabilidad de futuras acciones militares directas, manteniendo que no están “posturados” para ello, sí se reservó el derecho de emprender ataques futuros para proteger los intereses estadounidenses. Washington ha impulsado el acceso de empresas norteamericanas a la industria petrolera venezolana tras la detención de Maduro.
La información proviene de la cobertura realizada por Al Jazeera sobre el testimonio de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. el 28 de enero de 2026.