Once naciones, incluyendo a miembros clave del G7 como Francia y el Reino Unido, junto con socios europeos y Japón, han emitido una condena formal contra el gobierno israelí por la demolición de las instalaciones centrales de la UNRWA en Jerusalén Este. En una declaración coordinada, los ministros de Asuntos Exteriores de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Portugal, España y el Reino Unido tacharon el suceso como el "último movimiento inaceptable para socavar" el trabajo vital de la agencia.
El comunicado conjunto instó explícitamente al Gobierno de Israel a "detener todas las demoliciones", subrayando el estatus de Israel como Estado miembro de la ONU y su obligación con el derecho internacional. Esta acción se produce en medio de una campaña de presión intensificada por parte de Israel contra la UNRWA, organismo responsable de proporcionar asistencia crítica a millones de refugiados palestinos en toda la región, especialmente en la devastada Franja de Gaza.
La escalada de tensiones se ha centrado en las acusaciones, sin pruebas concretas presentadas por el gobierno israelí y sus aliados, de que la UNRWA tiene vínculos con Hamás. Estas alegaciones han sido utilizadas para justificar restricciones operativas, a pesar de que líderes humanitarios señalan que la agencia está mejor posicionada para la distribución de ayuda esencial en el enclave asediado.
La demolición reportada la semana pasada, llevada a cabo por fuerzas israelíes en Jerusalén Este, fue calificada por el jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, como un "ataque sin precedentes contra una agencia de las Naciones Unidas y sus locales". Lazzarini enfatizó que Israel está obligado a proteger la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU, recordando el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de octubre de 2025.
La CIJ dictaminó que Israel tiene la obligación de levantar las restricciones y facilitar el trabajo de la UNRWA, reconociendo su papel indispensable en el alivio humanitario en Gaza. Las acciones de demolición israelíes, junto con legislación interna que prohíbe operar a la agencia en áreas bajo control israelí, son vistas por los firmantes de la condena como un desafío directo al orden basado en normas internacionales.
Los once países reafirmaron su "pleno apoyo a la misión indispensable de la UNRWA" en la prestación de servicios de salud y educación a millones de palestinos. Además, hicieron un llamamiento a Israel para que facilite la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, donde las condiciones siguen siendo precarias a pesar de los aumentos recientes en el flujo de convoyes.
Según las cifras del Ministerio de Salud gazatí, más de 71.000 palestinos han muerto desde octubre de 2023. Como potencia ocupante en Gaza, Israel tiene la responsabilidad legal de asegurar las necesidades de la población, un compromiso que, según los críticos, no se está cumpliendo, incluso en el marco de acuerdos de alto el fuego previos.
La condena colectiva subraya una creciente divergencia entre Israel y un grupo significativo de aliados occidentales respecto al manejo de las instituciones internacionales y la crisis humanitaria en curso. (Fuente: Adaptado de reportes internacionales)