La recuperación del cuerpo de Ran Gvili, un ciudadano israelí fallecido el 7 de octubre, por parte de fuerzas israelíes en un cementerio del norte de Gaza, ha sido presentada por el primer ministro Benjamin Netanyahu como un "logro extraordinario". Mientras los medios occidentales se enfocaban en este suceso como un momento de "sanación nacional", la operación desencadenó miedo, dolor y la muerte de cuatro palestinos en los alrededores.
Testimonios desde Gaza indican que la incursión militar incluyó la profanación de cientos de tumbas palestinas, obligando a numerosas familias a buscar y recomponer los restos de sus seres queridos, y a otras cuatro a cavar nuevas sepulturas. Este acto, calificado por observadores como una violación directa de las Convenciones de Ginebra —que estipulan el respeto a los cadáveres y tumbas—, es interpretado en el contexto palestino como una forma adicional de castigo colectivo.
Este patrón de ataques a sitios funerarios no es un incidente aislado. Desde el inicio del conflicto, se ha reportado la destrucción y excavación de cementerios en toda la Franja. Para enero de 2024, informes de CNN señalaban la profanación de al menos 16 cementerios palestinos en Gaza, justificada por Israel bajo el argumento de que Hamás los utilizaba con fines militares. Sin embargo, la destrucción total de cementerios y su conversión en posiciones militares sugiere que la necesidad militar no es la única motivación.
La controversia se extiende más allá de Gaza. Sitios de entierro en Cisjordania ocupada y Jerusalén también han sido objeto de ataques, incluyendo la destrucción de tumbas en un cementerio musulmán por civiles israelíes y la profanación de un cementerio cristiano en enero de 2023.
Además de los sitios, los propios restos mortales palestinos han sido blanco de acciones controvertidas. El ejército israelí devolvió cientos de cuerpos a Gaza el año pasado, muchos con signos evidentes de tortura o mutilaciones extremas, forzando sepelios masivos. En otros casos, las autoridades han retenido cuerpos de palestinos, algunos desde la guerra de 1967, una práctica legalizada en 2019 por la Corte Suprema israelí bajo el pretexto de usarlos en "negociaciones".
La suma de estas acciones —exhumación, mutilación y retención— busca, según críticos, borrar la memoria de los fallecidos, impedir el duelo y castigar a las familias. Esta sistemática negación de dignidad incluso en la muerte contrasta fuertemente con la cobertura mediática y el duelo oficial que rodearon el retorno de los cautivos israelíes liberados de Gaza.
La asimetría en la atención mediática subraya una brecha en la narrativa global. Mientras las historias de las familias israelíes recibían cobertura extensa, el horror de las familias palestinas que encuentran los restos de sus seres queridos esparcidos ha recibido escasa simpatía internacional. Es un triste recordatorio de que el derecho internacional, que protege los espacios sagrados como los cementerios, parece aplicarse de manera selectiva.
*Fuente: Adaptado de un artículo de opinión publicado originalmente en Al Jazeera, 28 de enero de 2026.*