La persistente ola de protestas antigubernamentales en Irán ha generado una crisis humanitaria paralela, donde los heridos evitan los hospitales por miedo a ser identificados y detenidos por las fuerzas de seguridad. Testimonios recopilados por medios internacionales revelan una red clandestina de atención médica operando en la sombra, con ciudadanos y profesionales de la salud arriesgando su libertad para asistir a quienes han sufrido la respuesta letal de las autoridades.
Relatos como el de 'Tara' en Isfahán, quien fue herida con perdigones y se refugió en una casa particular en lugar de acudir a un centro médico, ilustran el dilema al que se enfrentan los manifestantes. Las fuerzas de seguridad, según las denuncias, patrullan activamente los hospitales y monitorizan historiales clínicos, convirtiendo la atención hospitalaria en un riesgo de captura.
Esta situación ha obligado a que cirugías complejas, incluidas extracciones de metralla, se realicen en condiciones precarias dentro de residencias privadas. Médicos como 'Nima' en Teherán describieron jornadas extenuantes operando bajo extrema presión emocional, con la ropa empapada en sangre de jóvenes con heridas de bala en órganos vitales y extremidades, lo que a menudo resulta en discapacidades permanentes.
Mientras las autoridades iraníes reportan cifras significativamente menores de fallecidos, principalmente entre personal de seguridad, organizaciones de derechos humanos como HRANA confirman miles de muertes entre manifestantes y decenas de miles de heridos. La falta de transparencia, exacerbada por los cortes de internet, impide conocer la verdadera magnitud del saldo represivo.
La red de apoyo se extiende a la oftalmología, donde se reporta que médicos en centros especializados han derivado a heridos oculares por vías no oficiales para evitar registrar sus lesiones como consecuencia directa de la represión. Incluso en casos donde se recurre al seguro médico, la tensión es palpable ante la posibilidad de ser vigilados en casa.
El riesgo no solo recae en los pacientes. Se han documentado detenciones de personal sanitario y voluntarios. Un cirujano en Qazvin, Dr. Alireza Golchini, fue arrestado y acusado de "moharebeh" (enemistad contra Dios), un cargo punible con la pena capital, por tratar a manifestantes heridos.
La dependencia de la atención clandestina subraya la fractura de confianza entre la población y las instituciones estatales, incluso en el ámbito de la salud. Este ecosistema de riesgo refleja una escalada en la estrategia de control del régimen, que busca no solo sofocar la disidencia sino también castigar a quienes ofrecen asistencia a los afectados. (Fuente: Adaptado de informes de la BBC y agencias de derechos humanos)