El Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó la intercepción y abordaje del petrolero Bertha en el océano Índico, marcando la tercera acción de este tipo contra buques que presuntamente violan el bloqueo al crudo en el Caribe. La operación, realizada sin incidentes, tuvo lugar en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (Indopacom), según informó el Pentágono a través de la plataforma X.
La embarcación operaba, según Washington, desafiando la cuarentena establecida por la administración estadounidense sobre buques sancionados que transitan por el Caribe, específicamente aquellos vinculados a Venezuela y Cuba. El Pentágono insistió en que tres embarcaciones intentaron darse a la fuga, pero las tres han sido capturadas por las fuerzas navales.
Las otras dos naves interceptadas previamente en el Índico fueron identificadas como el Aquila II y el Veronica III, acusadas de intentar evadir la vigilancia estadounidense tras violar las restricciones de crudo. El Bertha, que navegaba bajo bandera de las Islas Cook según datos de Marine Traffic, es uno de aproximadamente 16 tanqueros sancionados que han intentado eludir el control de EE. UU. en aguas caribeñas.
De manera similar a sus predecesores, el Bertha habría utilizado un alias, presuntamente "Ekta", y falsificado sus coordenadas para simular una posición frente a las costas de Nigeria. Este procedimiento busca activamente burlar la detección por parte de las fuerzas de interdicción marítima de Estados Unidos.
Desde diciembre de 2025, Estados Unidos mantiene una "cuarentena" marítima activa, conocida como Operación Lanza del Sur, dirigida a petroleros sancionados que ingresan o salen de Venezuela. Esta política ha resultado en el abordaje o incautación de casi una decena de buques hasta la fecha, extendiendo sus implicaciones a los envíos hacia Cuba.
El Pentágono reafirmó su postura en el comunicado, señalando que las aguas internacionales no ofrecen refugio a actores sancionados. Las fuerzas estadounidenses aseguraron que localizarán a estos actores ilícitos por tierra, aire o mar, negándoles la libertad de maniobra en el ámbito marítimo.
Para la economía mexicana y la región, estas acciones refuerzan la extraterritorialidad de las sanciones estadounidenses sobre el comercio energético en el Golfo y el Caribe. El control estricto sobre el flujo de hidrocarburos impacta dinámicas regionales de suministro y precios, aunque el incidente específico ocurrió lejos de las costas mexicanas.
