El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió a sus representaciones diplomáticas en todo el mundo revisar sus programas de asistencia para alinearse con nuevas regulaciones que prohíben financiar a organizaciones centradas en diversidad, equidad e inclusión (DEI) y planificación familiar, consideradas por la administración anterior como ideología radical. Estas nuevas normas entrarán en vigor el próximo 26 de febrero, según un telegrama del Departamento de Estado citado por Reuters el 29 de enero.
Las directrices se aplican a la financiación que asciende a aproximadamente 30.000 millones de dólares, incluyendo fondos destinados a organizaciones con sede en Estados Unidos. Además, las organizaciones no gubernamentales extranjeras no podrán utilizar fondos de donantes externos, incluso si no provienen de EE. UU., para propósitos que la administración Trump catalogó como de "ideología radical".
El Departamento de Estado ha instruido a las entidades receptoras de fondos para que establezcan grupos de trabajo dedicados a evaluar los proyectos de asistencia y garantizar la implementación de las nuevas políticas. Se espera que algunas organizaciones rechacen la financiación estadounidense si no pueden cumplir con estos requisitos, y deberán notificar esta decisión a través de un canal específico.
El Secretario de Estado, según el memorando, ha establecido varias excepciones para evitar interrumpir programas esenciales. Estas exenciones cubren actividades críticas como el salvamento de vidas, la respuesta a desastres y otras prioridades consideradas fundamentales para los intereses estadounidenses.
Esta acción refleja una postura anterior de la administración Trump, que, tras su investidura, emitió órdenes ejecutivas para desmantelar programas de DEI en todas las agencias federales. La justificación entonces radicaba en que dichas iniciativas llevaban a "acciones afirmativas" basadas en raza o género en lugar de méritos laborales.
El impacto de estas directrices se extiende más allá de los programas exteriores, recordando el esfuerzo previo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump por rescindir contratos relacionados con DEI en sistemas educativos y de salud. Varias corporaciones estadounidenses comenzaron a reducir la promoción de principios de diversidad en sus procesos de contratación tras esos movimientos internos.
Analistas señalan que la revisión de estos fondos podría tener repercusiones geopolíticas en países que dependen de la asistencia estadounidense para programas sociales y de salud. La administración actual debe equilibrar la implementación de la nueva política con el mantenimiento de las alianzas internacionales sensibles a temas de derechos humanos y desarrollo social.
