El gobierno militar de Burkina Faso, bajo el mando del Capitán Ibrahim Traoré, formalizó la disolución de todos los partidos políticos y ordenó la incautación de sus activos, según un decreto emitido el jueves. La junta militar acusó a las organizaciones políticas de incumplir directrices regulatorias, en un contexto de creciente inestabilidad ligada a grupos armados vinculados a al-Qaeda e ISIL.
El Ministro del Interior, Emile Zerbo, declaró en una alocución televisada que la decisión forma parte de un plan más amplio para "reconstruir el estado" tras identificar que la proliferación de partidos había fomentado divisiones internas y debilitado la cohesión social. Zerbo no especificó los presuntos excesos cometidos por las formaciones políticas que antes sumaban más de cien registradas en el país.
Analistas como Beverly Ochieng de Control Risks advierten que la decisión limita severamente la división de poderes en el espacio cívico y político burkinés. Ochieng destacó que el ejecutivo militar mantendrá una influencia significativa, especialmente tras el cambio constitucional de diciembre de 2023 que colocó al poder judicial bajo supervisión directa del gobierno.
Desde el golpe de septiembre de 2022, el régimen de Traoré ha consolidado su poder, posponiendo las elecciones prometidas inicialmente para 2024 hasta 2029, tras una conferencia nacional boicoteada por varios actores políticos. Además, Burkina Faso se retiró de la CEDEAO en enero pasado, formando la Alianza de Estados del Sahel con Malí y Níger, y suspendió su membresía en la Corte Penal Internacional.
La inseguridad sigue siendo el principal desafío, con grupos yihadistas controlando cerca del 60% del territorio, según el Africa Center for Strategic Studies (ACSS). A pesar de la expulsión de fuerzas francesas y el reemplazo por personal de seguridad ruso, las bajas civiles se han triplicado en los tres años posteriores al golpe de Traoré en comparación con el periodo anterior.
Esta restricción de libertades políticas se suma a otras medidas autoritarias recientes, incluyendo la suspensión del acceso digital a medios internacionales como la BBC y Human Rights Watch en abril de 2024. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de represión contra disidentes, incluyendo la conscripción forzosa de periodistas y miembros del poder judicial que criticaron las nuevas normativas.
