La Contraloría General de la República ofició este miércoles al Ministerio de Secretaría General de Gobierno. La autoridad fiscal requiere informes detallados sobre publicaciones oficiales que declaraban quiebra estatal. El asunto surge tras un post en redes sociales que generó rechazo transversal según informa La Tercera.
Dorothy Pérez firmó el documento donde se solicita información detallada sobre el uso de recursos públicos. También exigen conocer al personal involucrado en la creación de los mensajes digitales. La Segegob dispone de cinco días hábiles para responder a las exigencias técnicas.
La publicación original afirmaba que el Estado chileno se encontraba en una situación de bancarrota. Los textos indicaban que la deuda superaba los 49 mil millones de dólares estadounidenses. Asimismo, sostenían que la caja del Gobierno se hallaba completamente vacía.
Esta declaración desencadenó una serie de críticas inmediatas desde la oposición política. El Ejecutivo decidió eliminar el contenido de sus cuentas oficiales en Instagram y X. La contralora consideró necesario verificar el fundamento fáctico de tales afirmaciones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se distanció del término quiebra en declaraciones recientes. Él aseguró que la situación fiscal es deteriorada pero nunca calificó al país como insolvente. Su postura buscaba matizar la gravedad de los mensajes difundidos.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, coincidió en descartar la existencia de bancarrota estatal. En una entrevista con Radio Infinita, reiteró que el Estado mantiene su capacidad operativa. Ambos funcionarios intentaron corregir la narrativa pública sobre las finanzas nacionales.
Las publicaciones estaban vinculadas a medidas del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este sistema busca regular los costos energéticos para los consumidores finales. El debate resalta la sensibilidad social frente a los precios de los combustibles.
La intervención de la Contraloría refuerza el control sobre la comunicación oficial del Ejecutivo. Se busca garantizar que la información pública no induce a error sobre la salud fiscal. Este mecanismo protege la transparencia administrativa en tiempos de incertidumbre económica.
El gobierno debe presentar los informes solicitados antes de que venza el plazo establecido. La respuesta definitiva podría aclarar los criterios usados para generar los mensajes virales. Las próximas semanas definirán si se aplican sanciones por uso indebido de recursos.
