Una jueza de distrito de Nueva York, Margaret Garnett, desestimó los cargos federales por asesinato y armas contra Luigi Mangione, impidiendo que los fiscales busquen la pena de muerte por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson. La decisión, emitida el viernes, se centró en los cargos castigables con la pena capital, según informó Al Jazeera.
Mangione, de veintisiete años, todavía enfrenta dos cargos federales de acoso que podrían resultar en cadena perpetua, además de cargos estatales de asesinato con la misma pena máxima. El acusado, educado en la Ivy League y proveniente de una familia adinerada de Maryland, se había declarado no culpable de todos los cargos federales presentados en su contra.
La sentencia anula el intento de la administración del expresidente Donald Trump, quien había prometido buscar la pena capital para Mangione tras retomar la presidencia. La fiscal general Pam Bondi había ordenado a los fiscales federales de Manhattan buscar la ejecución del acusado en abril pasado. Garnett es una jueza designada por el expresidente Joe Biden.
Thompson, de cincuenta años, fue asesinado en diciembre de 2024 mientras caminaba hacia una conferencia de inversores en Manhattan. Videos de vigilancia mostraron a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda, y la policía indicó que se encontraron inscripciones en la munición que simulaban la jerga de evasión de reclamaciones de seguros.
La selección del jurado para el caso federal está programada para comenzar el ocho de septiembre, aunque el juicio estatal aún no tiene fecha definida. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha solicitado al juez estatal que fije una fecha de juicio para julio, según un comunicado emitido esta semana.
La eliminación de la pena de muerte en el ámbito federal altera significativamente la estrategia procesal para el caso, que atrajo atención nacional por la naturaleza del crimen y la identidad de la víctima. El enfoque se traslada ahora a las penas máximas de prisión sin posibilidad de apelación a la pena capital.
El caso subraya las tensiones jurisdiccionales y las diferencias ideológicas en la aplicación de la ley federal y estatal en Estados Unidos, especialmente en temas de justicia penal y castigo máximo.
