El Banco Mundial (BM) determinó que la igualdad de género en el trabajo no se ha materializado en ningún país del mundo, incluso en aquellas economías con legislaciones avanzadas. Las mujeres continúan enfrentando restricciones sobre los tipos de empleo que pueden ejercer y las oportunidades de emprendimiento disponibles, según destacó Indermit Gill, economista jefe de la entidad crediticia.
El análisis del BM no solo consideró las leyes formales aprobadas, sino también la efectividad de los servicios públicos diseñados para apoyar la participación femenina y asegurar el cumplimiento normativo. Esta evaluación integral subraya que las brechas persisten en la práctica, no solo en el papel, lo cual es crucial para economías como la mexicana que buscan aumentar su productividad.
La urgencia de estas reformas se intensifica debido a las proyecciones demográficas: se espera que 1,200 millones de jóvenes, la mitad mujeres, ingresen al mercado laboral durante los próximos diez años. Tea Trumbic, autora principal del informe, señaló que muchas de estas jóvenes alcanzarán la edad laboral en regiones donde los obstáculos para las mujeres son mayores y el aumento del PIB derivado de su participación es indispensable.
El informe enfatiza que fomentar el acceso igualitario para las mujeres no es solo un beneficio social, sino un motor económico directo. De hecho, el documento indica que en las naciones donde las mujeres tienen mayores oportunidades laborales, la tasa de participación masculina en la fuerza de trabajo también tiende a ser más elevada.
Geográficamente, las economías avanzadas muestran las condiciones más cercanas a la paridad, con España siendo mencionada como líder en este aspecto dentro de su grupo. Por el contrario, las regiones de Oriente Medio y el Pacífico se encuentran significativamente rezagadas en la implementación de condiciones equitativas para las trabajadoras.
Para México y otras economías emergentes, la conclusión del BM implica que las reformas regulatorias deben ir acompañadas de infraestructura social y vigilancia estricta para desbloquear el potencial económico femenino. La plena inclusión es vista como un requisito para sostener el crecimiento post-pandemia y enfrentar los desafíos de la próxima década.
