WASHINGTON D.C. – La muerte de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido por agentes federales de inmigración en Minneapolis, ha generado una inusual fractura dentro del ecosistema político y de lobby pro-armas tradicionalmente alineado con el Partido Republicano. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) y otros grupos influyentes han solicitado una investigación exhaustiva de la administración, en un aparente distanciamiento de ciertas interpretaciones emitidas por figuras designadas por el expresidente Donald Trump.
El detonante fue una declaración de Bill Essayli, fiscal federal interino en California y exfuncionario de la era Trump, quien sugirió en redes sociales que acercarse a las fuerzas del orden portando un arma conlleva un alto riesgo de respuesta letal justificada. La respuesta de la NRA fue contundente: calificó dicho sentimiento como “peligroso y erróneo”, instando a esperar los resultados de una investigación completa en lugar de hacer generalizaciones que “demonizan a los ciudadanos que cumplen la ley”.
Gun Owners of America (GOA) secundó esta postura, criticando la afirmación de Essayli sobre la justificación legal para disparar a portadores de licencias de porte oculto que se acerquen legalmente armados. GOA enfatizó que la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas incluso durante protestas, un derecho que “el gobierno federal no debe infringir”.
El intercambio escaló políticamente cuando la oficina del Gobernador de California, Gavin Newsom, utilizó la retractación implícita de la NRA para atacar a Essayli, señalando que la posición del fiscal era tan extrema que incluso la NRA la había criticado. Essayli, por su parte, intentó matizar sus comentarios, argumentando que se refería a “agitadores que se acercan agresivamente a las fuerzas del orden armados y se niegan a desarmarse”. Sin embargo, notas comunitarias en la plataforma X señalaron que la Constitución no permite disparar a ciudadanos simplemente por poseer un arma sin constituir una amenaza inminente, invocando las protecciones de la Cuarta y Decimocuarta Enmiendas.
Figuras republicanas como el Representante Thomas Massie (Kentucky) también cuestionaron a Essayli, afirmando que portar un arma no es una “sentencia de muerte”, sino un derecho constitucional. Testimonios de testigos y el video público del incidente no muestran a Pretti blandiendo su arma, contradiciendo implícitamente narrativas defensivas promovidas por sectores cercanos a la administración saliente.
La exigencia de una investigación transparente fue replicada por el Minnesota Gun Owners Caucus, que también señaló públicamente al Director del FBI, Kash Patel, por aseverar que portar un arma cargada con múltiples cargadores en una protesta es ilegal. El caucus recordó que, según la legislación de Minnesota, portar legalmente un arma cargada en una manifestación no constituye una violación grave. Este episodio recalca la fragilidad de la coalición conservadora ante incidentes que tocan directamente los derechos constitucionales más sensibles, especialmente en un contexto de creciente escrutinio sobre la militarización y las acciones federales.
Fuente: Basado en reportes de The Guardian.